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Operativos para desarticular estructura criminal dedicada al sicariato

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Con el objetivo de capturar a personas vinculadas en la comisión de delitos como asesinato, asesinato en grado de tentativa, asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito, fiscales del Ministerio Público (MP) por medio de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, realiza 25 allanamientos con apoyo de la Policía Nacional Civil, para  la desarticulación de la estructura criminal de la clica Latin family de la pandilla denominada barrio 18.

Los operativos se llevan a cabo en los municipios de Guatemala, San Miguel Petapa, Villa Nueva, Amatitlán, Mixco, San Pedro Ayampuc, Villa Canales y en los departamentos de Santa Rosa, Quetzaltenango y Retalhuleu.

Según las investigaciones, los presuntos criminales estarían involucrados en diversos hechos violentos en contra de la Asociación de Moto Taxis de Tiquisate, Escuintla, quienes eran objeto de extorsión semanal y de ataques armados en contra de los pilotos.

Derivado de las pesquisas, el MP detecta una estructura criminal que operaba en las calles y que recibían ordenes desde el Centro Preventivo, por lo cual también serán citadas 19 personas que ya guardan prisión y que están vinculados con el caso que este día se operativiza.

Entre los capturados al momento figuran: Edén Noemí Polanco Chávez, Clara Isabel Matul Valladares, Margarita del Carmen López Monzón, Norma Azucena Hernández Castillo, Rosa del Carmen Estrada Cruz, Sonia Verónica Gómez Trujillo, Katherine Dinora Huas López, Irma Yaneth Rodas Queche, Bárbara Lourdes Guillen Salguero y Ausencio Coy Maas.

Operaciones de la clica

La fiscalía detectó que el modo de operar consistía en que los cabecillas, quienes se encuentran recluidos dentro de los distintos centros carcelarios ordenaban a sus coordinadores de calle que exigieran un pago de  dinero a los dueños o pilotos de moto taxis. Asimismo entregaban  un teléfono celular a los conductores, realizando en algunas ocasiones un ataque armado como medio de presión.

Los coordinadores de calle se comunicaban con las víctimas y bajo amenazas de muerte les exigían el pago semanal de diversas cantidades de dinero, las cuales debían ser depositadas en cuentas bancarias. Si existía una negativa al pago se realizaba un ataque armado y en otras ocasiones el incendio de las unidades de mototaxis.

Según los depósitos bancarios analizados al 01 de febrero de 2016, la estructura criminal recibió un monto aproximado de Q800 mil distribuido en 71 cuentas bancarias a nombre de 51 personas.

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