El presidente Jimmy Morales informó que se analizan los Pactos Colectivos de Condiciones de Trabajo suscritos en instituciones del Organismo Ejecutivo, que la Procuraduría General de la Nación (PGN) considera perjudiciales para el Estado.
“Se seguirán todos los procesos legales para determinar la lesividad, nulidad o solución a la temática, y en cuanto esto esté dilucidado nos comunicaremos con la Procuraduría o directamente con la Corte de Constitucionalidad”, manifestó el dignatario.
Agregó que se están evaluando 10 mil plazas 029, “que también son un problema estatal”; no obstante, indicó que antes de un pronunciamiento se buscará una propuesta viable.
Procederán legalmente
La titular de la PGN, María Eugenia Villagrán, dio a conocer que presentarán denuncias ante el Ministerio Público contra los funcionarios de las instituciones donde se crearon 14 de los convenios referidos, que no contaban con dictámenes legales.
Estas entidades son: Empresa Portuaria Quetzal, Instituto de Fomento Municipal, Congreso de la República, Dirección General de Migración, Dirección General de Caminos, Instituto Nacional de Cooperativas y Consejo Nacional de Áreas Protegidas.
Asimismo, Registro de la Propiedad, Escuela Nacional Central de Agricultura, Instituto Nacional de Administración Pública, Comité Olímpico Guatemalteco y los Ministerios de Salud Pública y Asistencia Social, y de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
En estas dependencias no se hicieron las consultas pertinentes a la cartera del Tesoro y a la Oficina Nacional de Servicio Civil, como determina el procedimiento de ley, manifestó Villagrán.
El vicepresidente Jafeth Cabrera precisó que existen otros instrumentos que deben ser estudiados, y añadió que este proceso continúa con los de la Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional, del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, del Instituto Guatemalteco de Turismo y de las alcaldías de Jalapa y Zacapa.
Congreso
Por acuerdo mutuo, el sindicato mayoritario del Parlamento y la comisión negociadora designada por la Junta Directiva de ese organismo determinaron denunciar ante el Ministerio de Trabajo el Pacto suscrito durante la administración de Jorge Méndez Herbruger (2005-2007).
Según el diputado Inés Castillo, esta medida permitirá renegociar los beneficios que gozan los empleados.
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