El 80 por ciento de los 425 elementos asignados a la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil (PNC) ha sido capacitado y seleccionado mediante filtros que incluyen un estudio socioeconómico, para determinar a qué se dedicaban antes de ingresar en la Academia, con el fin de apoyar en la autodepuración de la entidad, afirmó el inspector general, Carlos Tohom.
Esta acción ha permitido que 105 efectivos hayan sido denunciados en lo que va del año por cometer actos fuera de la Ley. Esta cifra es superior a la del mismo período de 2014, cuando se conocieron 57.
El comisario Tohom añadió que con el apoyo de la ciudadanía, que está volviendo a confiar en la PNC, en 2015 se recibieron 5 mil 200 denuncias contra policías, y se les abrió expediente a 2 mil 33, a quienes se les aplicó el reglamento disciplinario de la institución, según el Acuerdo Gubernativo 420-2003, y se inició el proceso administrativo en su contra.
Con ello se da cumplimiento a las funciones de la Inspectoría General: ejercer el control y fiscalización de las unidades de la PNC; corregir conductas de los agentes que cometen infracciones, de acuerdo con el Reglamento Disciplinario de la institución; fiscalizar las denuncias de la ciudadanía, e inspeccionar y auditar el manejo de bienes de las subdirecciones de apoyo y logística.
Vital para los controles
Para el analista en seguridad y justicia del Centro de Estudios de Guatemala, Oswaldo Samayoa, es importante la existencia de este tipo de inspectorías, pues contribuye a la autodepuración y es vital para los controles de los procesos disciplinarios.
La limpia en la Policía Nacional Civil comenzó en 2011, según el inspector general. Ese esfuerzo contribuyó a que en 2015 se desarticularan 14 estructuras delictivas, en las cuales participaban agentes activos y en retiro, quienes fueron puestos a disposición penal y administrativa. También se consignó a 351 efectivos.
Buen trabajo
Jahir Dabroy, del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, reconoció el trabajo de la Inspectoría General, específicamente el de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la PNC, que ha tenido seguimiento de los procesos de amonestación sobre policías y oficiales, “a pesar de las limitaciones técnicas y presupuestarias”.
Proceso de depuración
Para dar de baja a un agente, la Inspectoría tiene un plazo de 20 días para investigar, de acuerdo con el Artículo 26 del Reglamento Disciplinario, el cual establece que se debe hacer una pesquisa preliminar, con el fin de determinar si se cometió una falta leve, grave o muy grave, explicó el comisario.
Al finalizar las averiguaciones y comprobar la participación del elemento en los hechos ilícitos, se da una calificación jurídica y comienza la persecución penal, apuntó Tohom.
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