“Los desalojos que efectúa el Ministerio Público (MP), ordenados por jueces que son parte del pacto de corruptos, buscan un enfrentamiento entre campesinos y el gobierno de Bernardo Arévalo, pero no lo lograrán”, afirmó Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC).
Recordó que “esos problemas tienen años y lo raro es que durante el tiempo de Alejandro
Giammattei se evitaron para no crearle desgaste, y ahora que hay un Gobierno progresista que está abriendo espacios a los sectores más desposeídos en menos de cinco meses se han producido cerca de 15 desalojos ilegales y hay 10 más en espera”, indicó.
De igual forma, el Frente Campesino Iximulew rechazó, en un comunicado de prensa, los desahucios y exigió a los organismos de derechos humanos a asumir su compromiso de “velar por el bien común y defender a las familias amenazadas por las oligarquías del agro”.
Además, Pascual urgió a tomar acciones en torno a los problemas que atraviesa el país como “consecuencia de la cooptación de la institucionalidad del Estado, sobre la que tienen el control las mafias
que impiden el desarrollo socioeconómico de la población”.
Pascual advirtió que los jueces son los responsables de la crisis humanitaria que se deriva de estas expulsiones que violan el artículo 67 de la Constitución de la República, el cual establece que las tierras de comunidades indígenas gozarán de protección especial del Estado.
