El Gobierno busca solucionar la situación de miles de familias que viven en los asentamientos humanos precarios, mediante un programa de subsidios a la tasa de intereses, reveló Carlos Barillas Estrada, vicetitular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
Debido a la preocupación por la vulnerabilidad, las autoridades han pedido que los núcleos abandonen las zonas de riesgo, pero estos, en gran parte, se han resistido, pues aducen no tener a dónde ir.
Ante esta necesidad, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha ofrecido otorgar un préstamo de US $100 millones (Q752 millones) para iniciar un proyecto mediante la Unidad de Vivienda Popular.
Barillas mencionó que se hacen esfuerzos para que esa población tenga acceso a una vivienda digna. Se cuenta con la asesoría del Banco Mundial para definir un programa de subsidio a la tasa de interés que permita un mayor acceso a los créditos y hay conversaciones con el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas.
Para que los necesitados tengan acceso a los fondos, se tomarán en cuenta las declaratorias de inhabitabilidad de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, y si los lugares no pueden ser objeto de trabajo de mitigación de riesgo se les trasladará.
“Considero que deberá seguirse un estándar para identificar los perfiles socioeconómicos de las familias y hacer una correcta focalización en los grupos de población. Es necesario que el apoyo llegue a quienes lo requieren, con programas de fomento económico, y no quedarse solo con la asistencia”, indicó Jorge Lavarreda, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales.
A criterio del experto, para no dejar fuera a las personas sin ingresos deben implementarse programas que promuevan la inserción laboral y la educación, para que permitan tener fondos suficientes para solventar un crédito.
Barillas sostuvo que el proyecto se iniciará en la capital, y ya fue presentado en el Ministerio de Finanzas Públicas, cartera que dio el aval a la propuesta.
Luego se enviará al BCIE el perfil del plan, y después lo conocerá el Congreso, agregó el funcionario.
Es oportuna
“La iniciativa es oportuna en este momento de crisis, y siguiendo la política gubernamental se debe asegurar la transparencia y el buen manejo de los fondos”, afirmó Magaly Arrecis, investigadora socioambiental del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Se estima que en principio se atenderán entre 15 y 20 mil familias de 5 integrantes cada una.
“Lo ideal sería construir casas verticales para evitar que las personas compren en lotificaciones precarias. Con ello se evitarían problemas de vulnerabilidad y movilidad”, expuso Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).
El problema data de los terremotos de 1917 y 1918, cuando hubo migración a las áreas urbanas, formando asentamientos humanos, pero estos se incrementaron tras el sismo de 1976, de acuerdo con un estudio de Asíes.
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