Ayer, en un acto muy significativo de los avances de la justicia en el país, fueron inauguradas la Fiscalía Especializada Contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público (MP), y la sede regional de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en Quetzaltenango.
Se trata de un paso adelante en la desconcentración de los entes investigadores, que combatirán a estructuras delictivas organizadas en el departamento referido, Huehuetenango, San Marcos y Totonicapán, que representan el 13 por ciento del territorio nacional y albergan al 23 por ciento de la población.
La llegada de las instituciones al occidente del país genera altas expectativas, después de sus trascendentales logros frente a grupos dedicados a la corrupción y a otro tipo de delitos, alcanzados con base en averiguaciones ejecutadas en el ámbito central, principalmente.
“Es un paso importante e histórico para Guatemala. Estamos respondiendo a la Nación que alzó su voz”, dijo el gobernante Jimmy Morales en diferentes partes de su discurso durante el acto de apertura de los órganos pesquisidores.
Asimismo, el Presidente reafirmó su compromiso con la mejora del sistema judicial, y a ese respecto anunció que solicitará una quinta ampliación del mandato de la CICIG, el cual vence en 2017.
La voluntad de la Presidencia se ve reflejada también en el proyecto de Presupuesto para el próximo año, entregado al Congreso, en el cual se establece un incremento de las asignaciones a las instituciones de seguridad y justicia de Q2 mil 96.6 millones, de los que la cartera del Interior tendrá Q892.1 millones, el Organismo Judicial, Q552.3 millones, y el MP, Q291.3 millones.
En cuanto a la última instancia, es importante destacar que, de aprobarse la propuesta, estará en capacidad de vigorizar su proceso de expansión, con la apertura de 12 fiscalías municipales en localidades fronterizas de 6 departamentos, iniciativa que requerirá de Q46.8 millones.
De esta manera, la administración actual contribuye desde sus espacios a rescatar la institucionalidad y a fortalecer la ciudadanía para reconstruir el Estado, lo cual en el mediano plazo deberá traducirse en mejores condiciones generales para el progreso de Guatemala.
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