Cada fruto de las acciones implementadas en el país y los que se cosecharán con las que están en curso, en el ámbito público y privado, tienen un rostro humano. Se trata de ciudadanos que entregaron todo para forjar un mejor país y heredar un futuro prometedor a sus hijos.
Sin embargo, gran parte de estos abuelos viven ahora en una situación de vulnerabilidad, pues no reciben servicios integrales, como retribución justa y necesaria a su aporte a la nación.
Es innegable que existen esfuerzos en esta línea, pero estos son dispersos o fueron politizados en el pasado, en detrimento de la dignidad de la población citada, y desnaturalizando el espíritu de los proyectos.
Con el fin de dignificar a este sector y garantizar el respeto a sus derechos, el Gobierno, mediante la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), busca echar a andar el Comité Nacional de Protección a la Vejez (Conaprov), cuya institucionalización está normada en el Decreto Legislativo 80-96, Ley para la Protección de Personas de la Tercera Edad.
Se hacen gestiones con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, los Ministerios de Salud, Trabajo y Desarrollo Social, así como con la Procuraduría General de la Nación, para que integren el Conaprov.
El proyecto sería presentado el 14 de noviembre y comenzaría su función el próximo año, para lo cual se solicitó un presupuesto de Q50 millones, contenido en el techo de gastos de la SOSEP.
La idea es que los ancianos reciban beneficios, como atención inmediata y priorizada en las instituciones públicas y privadas; descuentos en productos y servicios, así como asistencia social. Además, se contempla la creación de asilos para estas personas mayores en situación de abandono o que vivan en pobreza o pobreza extrema.
Desafortunadamente, las autoridades anteriores no actuaron, a pesar de la existencia de esa normativa. Sin embargo, en esta ocasión la Secretaría citada asume la responsabilidad de dar cumplimiento a ese mandato.
Es alentador saber que se cuenta con el respaldo técnico y financiero de otras instituciones estatales y entes internacionales, como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que han mostrado su interés en hacer realidad esta propuesta.
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