En 2018 Guatemala tendrá información exacta para determinar de qué manera han impactado las intervenciones gubernamentales de los últimos 14 años en el desarrollo de la población, y cómo reorientarlas de acuerdo con la evolución de las condiciones sociales, culturales y económicas de esta.
Asimismo, se sabrá con certeza la cantidad y cualidades del recurso humano que participa en la ejecución de dichas acciones en el Organismo Ejecutivo, para optimizar su rendimiento e impulsar el desarrollo de la nación.
Esto será posible con la realización, a finales del próximo año, del XII Censo Nacional de Población y VII Censo Nacional de Vivienda, así como con la elaboración del Censo Nacional del Recurso Humano y Personas que Prestan sus Servicios Técnicos y/o Profesionales en el poder del Estado referido, cuya elaboración se oficializó ayer con la publicación de su base legal en este matutino.
El proceso preparatorio de las primeras actividades concluirá a mediados de 2017, según se informó durante el gabinete económico celebrado ayer mismo, e incluirá mediciones piloto para perfeccionar los instrumentos a utilizar y jornadas de consulta con la sociedad civil y el sector académico.
Las autoridades prevén efectuar convocatorias regionales para la contratación del personal de campo, con la finalidad de que la tarea de recolección de datos se lleve a cabo con pertinencia cultural, a lo largo de 25 días de noviembre de 2017.
Los resultados finales de la labor de conteo se presentarán durante el primer semestre de 2018, y para todas sus actividades, la Presidencia ha proyectado un presupuesto de Q269.5 millones.
En relación con el recuento de laborantes, durará 2 años, e, igual que los otros censos, será coordinado por el Instituto Nacional de Estadística y la Oficina Nacional del Servicio Civil.
El país está en camino de conocer con precisión la cantidad de sus habitantes, la calidad de sus viviendas, acceso a servicios, fecundidad, mortalidad, migración, y otras condiciones, las cuales deberán ser tomadas en cuenta por una administración pública que continúa dando pasos importantes en su proceso de depuración, para, en el mediano plazo, planificar y ejecutar más eficientemente soluciones a los problemas que aquejan a su sociedad.
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