Los asentamientos humanos en el país surgieron como efecto de los terremotos de 1917 y 1918, y se incrementaron con el de 1976, cuando aumentó la migración del área rural a la urbana, debido a la necesidad de las familias que buscaban un lugar para vivir.
Desafortunadamente, el fenómeno no recibió el tratamiento oportuno y se permitió que más personas construyeran sus casas en áreas de alto riesgo. Existen 412 de estos sitios habitacionales, solo en la capital, según estudios de centros de investigación.
Esa vulnerabilidad ha dado lugar a tragedias causadas por los fenómenos atmosféricos, como la del año pasado en la aldea El Cambray II, Santa Catarina Pinula, y el más reciente, en Santa Isabel, Villa Nueva.
Aunque existen planes de prevención y mitigación, que incluyen llamados a que se abandonen esas áreas, la mayoría de personas hace caso omiso a las recomendaciones, aduciendo que no tienen a dónde ir.
Tomando en cuenta que los problemas se deben atacar desde la raíz, el Gobierno trabaja en un proyecto que contempla la construcción de techos dignos para las familias sin peligro, así como la edificación de otros en sectores seguros para el traslado de quienes están en riesgo.
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda ha recibido la oferta de un préstamo, el cual sería otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica, consistente en US $100 millones (Q752 millones). El Congreso de la República deberá avalar estos fondos.
Se dispone de la asesoría del Banco Mundial para definir un programa de subsidio a la tasa de interés, y hay acercamientos con el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, con el fin de concretar lo planificado.
El proyecto será coordinado entre las entidades involucradas, de manera que los favorecidos sean reubicados en lugares seguros, y se verificará que quienes no sean trasladados no corran el riesgo de sufrir alguna catástrofe.
La iniciativa es oportuna y bien vista por expertos en la materia, por lo que, en aras de la transparencia, se usarán como guía las declaratorias de inhabitabilidad emitidas por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y se harán estudios socioeconómicos, con el fin de garantizar que la ayuda llegue a quienes la requieran.
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