La unión hace la fuerza, reza el dicho que los Presidentes del llamado Triángulo Norte de Centroamérica han tomado al pie de la letra, con la idea de conformar un frente común para combatir la criminalidad que ronda por los territorios de Guatemala, El Salvador y Honduras, donde grupos delincuenciales transitan y dejan una estela de muerte y violencia.
Desde hace un mes, el mandatario hondureño se dio a la tarea de visitar a sus homólogos, con la idea de reunir fuerzas para diseñar una estrategia de seguridad regional eficiente, que ponga un alto a la ola de violencia causada por organizaciones que trasiegan mercadería, drogas, personas y armas, y se dedican a cometer hechos ilícitos como la extorsión y el secuestro.
Esta vez le tocó al gobernante salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, ser el anfitrión de la cita en la que los tres dignatarios presentaron a la opinión pública el Plan Regional para Combatir la Criminalidad, en el cual se establece que a partir de septiembre entrará en operaciones la Fuerza de Tarea Tripartita, para enfrentar a las pandillas.
Los actos reñidos con la ley perpetuados por estos grupos tienen altos registros en los tres países, y los esfuerzos que cada uno ha establecido en su lucha pueden ser compartidos con sus vecinos.
De tal cuenta, el interés de estas naciones por resguardar su tierra y la tranquilidad de su población, que es víctima de la violencia de estas estructuras, denominadas maras, que tienen ramificaciones que alcanzan hasta los Estados Unidos.
El jefe de Gobierno guatemalteco expresó su satisfacción por este plan connacional entre pueblos hermanos, y dijo que la justicia es determinante para la construcción de los Estados modernos. “Estamos dispuestos a luchar contra las amenazas que ponen en peligro a nuestras familias y por mantener los ideales y altos valores patrios”, concluyó.
Para llegar a este acuerdo, los ministros de gobernación, defensa y cancillerías han trabajado en la construcción de un conjunto de alto nivel, en el que participarán miembros de las fuerzas, investigadores, operadores y analistas. Además, se elabora una iniciativa de ley que deberán aprobar los correspondientes Congresos, para establecer un mecanismo que permita las órdenes de captura regionales.
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