Las condiciones de escuelas, hospitales e instituciones de seguridad dan cuenta de la escasez de recursos financieros del Estado para atender las necesidades del país, y evidencia que los servicios deben mejorar en calidad y extensión. Esta situación ha llevado al gobierno a hacer eficiente y restringir el gasto, incrementar la recaudación y revisar los controles aduaneros, entre otros esfuerzos.
Por lo anterior, el presidente Jimmy Morales instruyó a su Gabinete Económico para trabajar en la propuesta de una reforma fiscal que posibilite un crecimiento en la captación de recursos, y los resultados los mostró ayer en compañía del ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, quien expresó que la primera propuesta es retornar al sistema que estuvo vigente hasta 2012.
Guatemala necesita “poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático”, como lo indica el compromiso de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, marcados por las Naciones Unidas en septiembre del año pasado. Y de estos, los que más urge son el 1. Fin de la pobreza. 2. Hambre Cero. 3. Salud y bienestar, y 4. Educación de calidad.
De acuerdo con los reportes de la Superintendencia de Administración Tributaria, es preciso aumentar la carga impositiva, que se sitúa en 10.2 por ciento del Producto Interno Bruto, una de las más bajas en el mundo, y esto solo se consigue por medio de una reforma fiscal.
Según lo dicho por el mandatario en el acto de ayer, hay mucho por hacer: reducir los indicadores de desnutrición, atender la infraestructura que permita un mejor tráfico de mercancías para robustecer la economía, y ampliar la cobertura educativa, como ejemplos.
En febrero de 2012, el Congreso de la República aprobó de urgencia nacional la Ley de Actualización Tributaria, en la que se hacían ajustes para la facturación de empresas y profesionales, en la deducción del ISR a personas individuales y restricciones en la importación de vehículos, entre otros cambios a la norma anterior.
Se espera que esta primera propuesta que hace el Ejecutivo sirva como base para redactar una iniciativa encaminada al análisis, discusión, y aprobación por parte del Congreso de la República, y que tenga el consenso de los diferentes sectores sociales.
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