El déficit habitacional en Guatemala, el cual es de 1.6 millones, aumenta 50 mil unidades cada año, especialmente en las regiones de más pobreza, afectando a miles de familias que han carecido de apoyo para construir un techo.
A pesar de que las encuestas nacionales de condiciones de vida han evidenciado la necesidad de atender con urgencia el problema, las acciones y programas diseñados no han sido suficientes, de manera que la nueva administración le apuesta a una solución para estrechar la brecha entre los que tienen y los que carecen de una casa.
El Plan Estratégico de la Vivienda, presentado en días recientes por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en Gabinete General, está encaminado a dotar de techo mínimo a las personas de escasos recursos y, por otro lado, buscar financiamiento para quienes pueden optar a un crédito bancario.
El Plan es ambicioso, como lo reconocen las autoridades de ese despacho, pues en los 3 años y medio que quedan de esta administración se pretende reducir en 4 por ciento ese déficit, en lo cuantitativo y cualitativo.
Ante la trascendencia de contar con cifras certeras referentes a la escasez de vivienda, se prevé realizar una encuesta el año próximo, y con base en los resultados plantear metas que puedan cumplirse, así como asegurar que los beneficios lleguen a quienes los necesiten.
En esa línea, la estrategia prioriza cuatro departamentos incluidos en la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional: Quiché, Chiquimula, Alta Verapaz y Huehuetenango, donde se iniciarían los proyectos de vivienda mínima, lo cual no implica que se descuiden otras áreas.
El Organismo Legislativo jugará un papel importante en este Plan, pues en sus manos está la aprobación de una iniciativa de ley, con la cual se busca obtener financiamiento para el proyecto habitacional, que consiste en el aumento de Q1.50 a Q5.00 al impuesto específico de distribución del cemento.
La propuesta se ha consensuado con los sectores de producción y distribución del mencionado artículo, y de ser aprobada se lograría aumentar de Q290 millones a Q500 millones el presupuesto para dicho fin, construir 15 mil viviendas nuevas y financiar 30 mil más.
Se espera el respaldo al planteamiento gubernamental, pues, además de paliar la crisis habitacional, ese plan de infraestructura tendrá un impacto positivo en la economía, ya que se generaría miles de empleos directos e indirectos.
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