Hace 31 años, un grupo de notables guatemaltecos aprobó una nueva Constitución Política de la República de Guatemala, después de meses de discutir sobre temas, puntos y leyes que deberían dirigir la vida de los pobladores de este territorio centroamericano.
La Asamblea Nacional Constituyente, compuesta por 88 personas electas en votación popular el 1 de julio de 1984, trabajó durante 10 meses para entregar una nueva normativa nacional que rigiera al país y sustituyera el Decreto Ley 24-82 (Estatuto Fundamental de Gobierno) emitido por el régimen del general Efraín Ríos Montt, que tomó el lugar de la Constitución Política de 1965. El documento entró en vigencia el 14 de enero de 1986, y con ello el sistema democrático quedó restituido.
Ayer, en acto solemne en el hemiciclo del Congreso de la República, con los representantes de los tres poderes del Estado se conmemoró y celebró la promulgación de la llamada Carta Magna. El presidente Jimmy Morales, en su discurso habló de izar la bandera por una profunda reforma del sistema, y que todos los guatemaltecos “debemos conocer la Constitución como fundamento para demandar nuestros derechos”.
Producto de este texto de 1985 fue la creación de 2 instituciones que se han convertido en columnas importantes del Estado: la Corte de Constitucionalidad y la Procuraduría de los Derechos Humanos, entes que han garantizado los derechos y aplicado la Ley durante estos 3 decenios.
Esta fue ocasión para reflexionar acerca del destino de la nación, de las necesidades de hacer reformas constitucionales para responder a los nuevos retos de la administración pública, la aplicación de derecho y la lucha contra la corrupción.
Morales dijo que su gobierno se esfuerza por llevar al país por buena ruta de cambio, alejada de las prácticas del pasado y presiones de grupos de poder, y que por ello ha invitado a participar a gente proba, sin compromisos con ningún grupo, solo con servir al interés público.
Por su parte, el presidente del Legislativo, Mario Taracena, expresó que es importante hacer las modificaciones que actualmente se discuten en los departamentos, en un diálogo en el que se incluyen los poderes del Estado y al que están invitados todos los guatemaltecos para que aporten sus ideas a este trabajo.
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