Nueve veces se ha reunido la Alianza por la Transparencia desde que fue creada, a principios del gobierno actual, y en este ámbito se ha acordado integrar una comisión técnica que trabaje en la propuesta de cambios a la Ley de Contrataciones, que norma la compraventa y contratación de bienes, suministros, obras y servicios que requieren los organismos estatales, sus entidades descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras, municipalidades y empresas públicas.
Esta Alianza la conforman el Gobierno y organizaciones de la sociedad civil, creada para fortalecer la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia, y entre las acciones anotadas en su agenda de trabajo está reformar la Ley de la Contraloría General de Cuentas (CGC), la Ley de Servicio Civil y la referida Ley de Contrataciones.
En reunión sostenida ayer en la sede de la CGC, coordinada por el vicepresidente Jafeth Cabrera, se acordó que hay que laborar en esta última con urgencia, porque la situación en la que se encuentra (la Ley) puede acarrear problemas en la ejecución del gasto del Presupuesto de este año.
Las instituciones públicas enfrentan complicaciones porque la última reforma, aprobada en noviembre del año pasado, establece nuevos procedimientos, como la creación de prebases, integración de precios oficiales, nuevas formulaciones para el arrendamiento, y otras novedades que obstaculizan la ejecución.
El vicegobernante expresó que la normativa tiene al Estado al filo de provocar un problema serio para el país, porque limita las compras y posee contradicciones, y por ello urgió la integración de la comisión técnica que analice y proponga los cambios necesarios para presentarlos lo antes posible al Congreso para su consideración.
En esta instancia por la transparencia participan el Ministerio Público, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación, la CGC, además de Acción Ciudadana y otras organizaciones de la sociedad civil.
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