Es importante para la economía y el desarrollo del país que la recaudación tributaria sea eficiente y eficaz; por ello el empeño del Gobierno en renovar, revitalizar y fortalecer la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Como parte de este proceso, el presidente Jimmy Morales designó al nuevo responsable de la entidad, Juan Francisco Solórzano Foppa, quien llegó con la intención de sanear la institución recaudadora, y junto a este nombramiento también se hizo la sustitución de los miembros del Directorio, hechos que podrían considerarse como las primeras acciones de mejoramiento.
El siguiente paso para reforzar y transparentar las acciones de la SAT ha sido trabajar en las enmiendas y cambios a la Ley Orgánica, en lo que han laborado la Comisión de Finanzas del Legislativo, el Ministerio de Finanzas y entidades expertas en el tema fiscal, que discutieron he hicieron propuestas por más de dos meses.
El documento que resultó de esto contiene 72 modificaciones a la Ley y ha sido presentado al Congreso para su discusión y posterior aprobación. Entre los cambios hay detalles como las funciones del Directorio, la creación de un tribunal administrativo, tributario o aduanero; el resguardo de información y la manera de seleccionar al personal que trabaje en la SAT.
Estas modificaciones deben ir de la mano con otras en el Código Tributario y la Ley de Bancos y Grupos Financieros, para que sea viable. Pero de todas, la variación que más ha llamado la atención y que quizás vaya a ser la más discutida, es la relacionada con el secreto bancario.
Las autoridades argumentan que es importante regularlo, para evitar la opacidad en las actividades de los contribuyentes, ya que se podrá tener acceso a los datos de cuentas de quienes aportan sus tributos por medio de autorización de juez. Esta fue la salida que encontraron los expertos, pues el secreto bancario no se puede eliminar, debido a una prohibición constitucional.
El documento que contiene las enmiendas deberá seguir el proceso en el Parlamento hasta que sea discutido y aprobado, y el Ejecutivo espera que con estos cambios la Superintendencia tome un nuevo camino de transparencia y recobre fuerza en la recaudación.
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