El Gobierno se ha trazado el propósito de proveer de techo seguro a los guatemaltecos desprotegidos, por medio del Consejo Nacional de la Vivienda.
“Desde el punto de vista social, la adquisición de una vivienda digna, higiénica y segura es una de las aspiraciones fundamentales de una familia, y el derecho de propiedad es condición y garantía de protección para el ser humano”, anota el documento elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales denominado: Lineamientos de Política Económica, Social y de Seguridad 2012-2020, Sector Vivienda. Pero además de ser una aspiración familiar, la Constitución de Guatemala manda promover la vivienda social y la propiedad de esta.
Por ello, el Gobierno se ha trazado el propósito de proveer de techo seguro a los guatemaltecos desprotegidos, según se hizo ver durante la primera reunión del Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi), coordinada por el vicepresidente Jafeth Cabrera y encabezada por el Ministerio de Comunicaciones.
El caso de El Cambray II ha ilustrado la tragedia que puede resultar de vivir en terrenos poco apropiados por sus condiciones geográficas o geológicas. En lo que va del año se ha estado terminando de construir nuevas residencias para las víctimas de aquel aciago hecho acontecido en diciembre del año pasado, y esto ha dado paso al planteamiento de una estrategia nacional de vivienda.
Para reducir el déficit de 1.6 millones de hogares, el Consejo plantea la necesidad de trabajar en proyectos de edificios multifamiliares, para un mejor aprovechamiento del suelo, sobre todo en las áreas urbanas del país. La propuesta es proveer de 100 mil techos a igual número de grupos familiares en los 4 años de gobierno.
Aunque la actual Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos data de 2004, vigente hasta el momento, la construcción de casas ha sido poca por parte de las administraciones de Gobierno anteriores, y esto ha permitido que el déficit habitacional crezca.
El la planificación del Conavi también se contempla crear nuevas formas de financiamiento del techo propio para las familias guatemaltecas de bajos ingresos, y la legalización de los terrenos, así como de la propiedad horizontal que se construya.
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