El crimen organizado es una lacra añeja que con el paso de los años se ha fortalecido y convertido en una epidemia que ha golpeado y corrompido esferas del Estado. Nos referimos a los grupos del narcotráfico, contrabando y trata, muchos de los cuales han sido desarticulados por las fuerzas del orden en los años recientes. Desde 2013, las autoridades implementaron un proyecto interinstitucional, que ha permitido la captura de integrantes de esos grupos ilegales, especialmente en las fronteras del país.
Son las Fuerzas de Tarea, instituidas específicamente para perseguir a esas organizaciones. Estas unidades especiales vigilan la franja limítrofe entre nuestra nación, Honduras y México, donde la mafia aludida y los evasores de impuestos habían mantenido una permanente actividad, la cual ha mermado con los despliegues de seguridad, como lo reconocen analistas y expertos en seguridad y justicia.
Para fortalecer este esfuerzo, el Gobierno implementará próximamente la Fuerza de Tarea Xinca, cuya área de acción será la frontera con El Salvador. Para dar vida a este nuevo proyecto, el viernes se publicó en el Diario Oficial el Acuerdo Gubernativo 32-2016.
Este es un trabajo entre el Ministerio de Gobernación, de Defensa Nacional, la Fiscalía General y la Superintendencia de Administración Tributaria, además de otras instancias, con el apoyo internacional, el cual viene a cooperar en la labor de combate a los grupos ilegales. Un punto que debe resaltarse es que los agentes de la PNC, que conformarán la Fuerza de Tarea citada, fueron sometidos a pruebas de confiabilidad, con el fin de garantizar que cumplan las funciones para las cuales se seleccionaron.
Las instancias involucradas deben afinar los pormenores de la plataforma logística, para que, de acuerdo con el mapeo que identifica los puntos de operación del crimen organizado y, por ende, el trabajo de Inteligencia, las acciones sean efectivas y respondan a la demanda de la ciudadanía que, debido a los resultados observados, está volviendo a creer en las instituciones de seguridad.
Es primordial que se coordine entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público, para que, al desarticular una de estas organizaciones, se aporten las pruebas contundentes y la Justicia aplique las penas, de conformidad con lo establecido en la Ley.
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