Nuestro país fue en 2015 el centro de atención, especialmente de Latinoamérica.
El movimiento cívico, que se prolongó hasta septiembre, contribuyó a la salida de Roxana Baldetti de la Vicepresidencia y, posteriormente, de Otto Pérez Molina de la Presidencia, después de los procesos enmarcados en Ley para que el Congreso de la República los despojara del derecho de antejuicio.
Guatemala despertó y levantó la voz, cansada de los actos de corrupción evidenciados en una estructura ilegal desbaratada en la Superintendencia de Administración Tributaria, conocida como La Línea, que se dedicaba a la defraudación aduanera, integrada, según el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por los entonces encargados y exservidores de esa dependencia, así como importadores, bajo el supuesto liderazgo de Pérez Molina y Baldetti.
El trabajo coordinado entre el MP y la CICIG permitió poner tras las rejas a los exmandatarios y exaltos miembros de la administración, así como investigar y capturar a otros vinculados con estructuras ilegales denominadas Negociantes de la Salud, IGSS-Pisa, IGSS-Chiquimula y venta de plazas fantasmas en el Congreso de la República, por citar algunas.
No cabe duda de que la coordinación entre la entidad pesquisidora y la Comisión auspiciada por la ONU ha sido vital para golpear a las mafias. Queda demostrado que cuando existe un trabajo bien estructurado y se tiene el respaldo legal para solicitar, justificar y explicar a la Justicia por qué se requiere una orden de captura y por qué se conduce a los sospechosos ante los tribunales, los resultados son precisamente los descritos.
Sin embargo, la ciudadanía espera que se mantengan esos logros contra la corrupción y que las acciones concluyan en condenas contra los acusados, si es que tuvieran responsabilidad en los hechos ilícitos que se les imputa. También demanda sanear el sistema de justica, para que esta sea pronta y cumplida. Guatemala merece, realmente, salir de esas prácticas ilegales añejas, que solo han violado derechos fundamentales, como la salud, educación y seguridad. La cadena de justicia tiene la oportunidad y el reto de demostrar a los guatemaltecos por qué deben creer y confiar en ella, y heredar un mejor país a las presentes y futuras generaciones.
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