La Superintendencia de Bancos (SIB) alertó sobre los graves efectos económicos y financieros que enfrentaría Guatemala ante la falta de aprobación de la Iniciativa de Ley 6593, denominada “Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo”.
Según la institución, estas consecuencias podrían reflejarse directamente en la vida diaria de miles de hogares guatemaltecos, especialmente en el envío y recepción de remesas, las cuales enfrentarían mayores revisiones, tiempos de validación más largos y posibles incrementos en costos y comisiones. Asimismo, se prevén demoras en servicios financieros y transferencias internacionales.
De igual forma, las importaciones y exportaciones podrían enfrentar procesos más lentos y complejos debido a controles adicionales por parte de entidades financieras internacionales, lo que eventualmente se traduciría en mayores costos de bienes y servicios para la población.
La SIB reiteró que la aprobación de la Iniciativa de Ley 6593 constituye una necesidad estratégica para Guatemala, con el fin de proteger la estabilidad económica, preservar la confianza internacional y reducir riesgos que podrían afectar directamente a la ciudadanía.
El marco legal vigente, con más de 25 años de antigüedad, ya no responde a las condiciones actuales del sistema financiero internacional, al avance de nuevas tecnologías ni a los crecientes riesgos de la criminalidad organizada transnacional.
El Informe de Evaluación Mutua realizado en 2016 ya había señalado la necesidad de actualizar la legislación; sin embargo, diez años después, estas reformas continúan pendientes.“La lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo es un esfuerzo de país”, destacó la Superintendencia de Bancos.
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