El presidente Bernardo Arévalo reiteró el llamado urgente al Congreso para aprobar la iniciativa 6593, ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo, al considerar que se trata de una herramienta fundamental para fortalecer la estabilidad económica y combatir las estructuras criminales que operan en el país.
En conferencia de prensa, enfatizó que “no se puede perder más tiempo” en la discusión de la normativa, la cual se encuentra en debate en el Parlamento y será retomada en sesiones extraordinarias la próxima semana, específicamente el 2 y 3 de junio.
Recordó que la propuesta cuenta con el respaldo de los sectores productivo, financiero y social, que consideran indispensable actualizar los controles contra el lavado de dinero y cumplir con estándares internacionales promovidos por organismos especializados.
Estela negativa
“Esta es una herramienta fundamental para combatir el crimen organizado y proteger a las familias guatemaltecas”, expresó el gobernante, quien además advirtió sobre las consecuencias económicas que podría enfrentar Guatemala si la norma no se aprueba y cobra vigencia en el corto plazo.
El riesgo de ingresar a una lista gris internacional no es una amenaza abstracta, ya que tendría efectos directos sobre remesas familiares, acceso a inversión extranjera y la confianza financiera del país. “Todos queremos que la inversión y la estabilidad aumenten y mejoren”, puntualizó.
“Esta es una herramienta fundamental para combatir el crimen organizado y proteger a las familias guatemaltecas”. Bernardo Arévalo - Jefe de Estado
Negociaciones
El presidente del Legislativo, Luis Contreras, reconoció la necesidad de avanzar con la iniciativa y afirmó en una entrevista con Emisoras Unidas que “la ley tiene que pasar, sí o sí”. Añadió que distintas bancadas respaldan la propuesta, aunque aún continúan las negociaciones para alcanzar la mayoría requerida.
La discusión se concentra principalmente en artículos relacionados con la autonomía del delito de lavado de dinero, aspecto que, según autoridades legislativas y técnicas, resulta indispensable para cumplir las recomendaciones internacionales y garantizar la validez de la normativa.
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