Abandono forzado del país o la prisión acompañada de retardos maliciosos en los procesos penales y obstáculos para la debida defensa. Esas fueron las opciones de más de un centenar de guatemaltecos que defendieron la democracia, el Estado de derecho y denunciaron la corrupción durante los ocho años de gestión de la exfiscal general Consuelo Porras.
A finales de 2025, la organización Cristosal presentó el informe Sistema de injusticia: Patrones de persecución política en Guatemala, en el que documentó 100 casos de persecución contra periodistas, exoperadores de justicia, defensores de derechos humanos, autoridades indígenas y líderes comunitarios en dicho período.
El documento señala que el MP dirigido por Porras, junto con algunos jueces y magistrados, habría utilizado el sistema de justicia para proteger redes de poder y perseguir a quienes denunciaron la corruptela y defendieron derechos humanos.
Además, el estudio ¿Eficacia o impunidad? El desempeño del Ministerio Público durante la gestión de Consuelo Porras 2018-2025, elaborado por Alianza por las Reformas y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, ahondó en dichos casos de persecución selectiva y enumeró como afectados, entre otros, a jueces, abogados independientes, líderes campesinos y estudiantiles, así como exintegrantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y opositores políticos.
“Se estima que más de 100 personas han tenido que salir al exilio como consecuencia de la criminalización, más de 60 han sido procesadas y seis se encuentran en prisión”, señala el informe.
La exfiscal general Thelma Aldana; la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virgina Laparra, y el exjuez Miguel Ángel Gálvez son, entre otros, algunos de los perseguidos y criminalizados por Porras (vea: Rostros de la criminalización).
Testimonios
Varios entrevistados por el Diario de Centro América expresaron el impacto que ha tenido en su vida la persecución penal, que calificaron de injusta, impulsada por las autoridades del MP que acaban de dejar los cargos.
Jordán Rodas, ex procurador de los Derechos Humanos, recordó que enfrenta una orden de captura dentro del caso denominado Toma USAC: Botín Político, el cual, considera, es una persecución política.
También indicó que la denuncia presentada en su contra buscó impedir su participación como candidato vicepresidencial junto a Thelma Cabrera por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP).
“Pronto cumpliré cuatro años fuera de mi país, viviendo un exilio que no le deseo a nadie. No me arrepiento de absolutamente nada de lo que hice por construir una Guatemala mejor”, manifestó.
Eduardo Pantaleón, ex auxiliar fiscal de la Fiscalía contra la Corrupción del MP, y quien investigó presuntos hechos de saqueo de recursos públicos, fue detenido el 5 de mayo de 2022 tras ser sindicado por el MP de incumplimiento de deberes y obstaculización de la acción penal en el caso Libramiento de Chimaltenango, que ocurrió en tiempos del expresidente Jimmy Morales y quien fue el que nombró, por primera vez, a Porras como fiscal general.
Al ser entrevistado, Pantaleón se refirió a las consecuencias personales derivadas de estos procesos. “La estigmatización pública, la incertidumbre prolongada y las consecuencias derivadas de permanecer suspendido injustamente durante más de cuatro años dejan secuelas que difícilmente desaparecen por completo”, expresó.
Otros casos
Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, y quien dirigió investigaciones de corrupción de alto impacto, se encuentra fuera del territorio nacional tras ser destituido y luego perseguido por Porras.
Sandoval señaló que el destierro “implica estar lejos de la familia, de los afectos y de la vida que uno construyó durante décadas”, además de vivir con incertidumbre sobre un eventual retorno al país. Claudia González, exmandataria de la Cicig, se suma a la lista de los criminalizados. “Este tiempo de persecución ha significado un desgaste personal, familiar y profesional; especialmente, porque me impide trabajar por estar en un proceso que se ha alargado de manera innecesaria por hechos que no constituyen delito”, manifestó.
Al periodista Alexander Valdez, quien ha estado en el exilio, la Fiscalía buscó endilgarle el delito de obstrucción de justicia debido a publicaciones relacionadas con casos de corrupción y con el proceso penal contra el comunicador Jose Rubén Zamora. “Buscaron vincularme directamente, únicamente por publicaciones de prensa”, señaló.
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