Alejandro Balsells Conde
Un dictador es quien bajo su persona reúne todos los poderes de un Estado. En nuestro país, por ejemplo, los regímenes claramente provenientes de movimientos de fuerza los encarnan. La Revolución Liberal fue en 1871 pero hasta 1879 se promulgó una Constitución, de ahí que Justo Rufino Barrios haya hecho lo que hizo. Esta Constitución estuvo vigente hasta 1944, y bajo su mandato ejercieron la Presidencia dos personas llamados dictadores: Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico. Sin embargo, estos dos personajes son presidentes seudoconstitucionales.
El seudoconstitucionalismo es hacer pasar por constitucional y legal lo que no es, como en el caso de estos dos personajes, quienes contaron con Congreso y sistema judicial, pero solo para avalar sus desmanes.
Carlos Castillo Armas, Enrique Peralta Azurdia y Efraín Ríos Montt son tres dictadores; el primero proveniente de la rebelión llamada Liberación y los otros de sendos golpes de Estado. Arana, Laugerud y Lucas ejercieron el poder bajo el seudoconstitucionalismo.
La historia existe para aceptarla y asumirla, para aprender de ella.
A la fecha, la búsqueda del seudoconstitucionalismo es evidente en nuestra región, y en Guatemala el esfuerzo de Morales y Giammattei es evidente, sin conseguirlo, pero sí con graves erosiones institucionales en el Tribunal Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia, Cortes de Apelaciones, Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación y Corte de Constitucionalidad.
La reconstrucción del andamiaje institucional del país es difícil, porque el seudoconstitucionalismo tiene su apoyo en sectores de poder poderosos, engañando a la población con discursos de soberanía, religiosos o neofascistas, para así irrumpir en contra del pluralismo político, la democracia, las libertades y sobre todos los controles republicanos.
La historia existe para aceptarla y asumirla, para aprender de ella, pero sobre todo, para buscar salir de estos círculos perversos sobre los cuales el poder se ejerce en contra de la población hasta para defender los resultados electorales, como hizo la cúpula del Ministerio Público.
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