La Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República cerró ayer el análisis de las últimas enmiendas de la denominada ley antilavado, paso decisivo con el fin de concluir la aprobación por artículos y redacción final prevista para hoy. Como es de dominio público, la normativa va más allá de un trámite cualquiera. Implica modernizar los controles legales tendientes a responder a exigencias globales y ajustarlos a una realidad nacional cada vez más compleja y peligrosa.
Como se ha expresado dentro y fuera del Congreso, dicha norma amplía el alcance de la supervisión estatal hacia sectores antes difusos o poco regulados. Proveedores de activos virtuales (criptomonedas), cooperativas, notarías, casas de empeño, aseguradoras y operadores de juegos de azar pasan a integrar un sistema más robusto para fiscalizar, sobre todo cuando las estructuras delictivas han perfeccionado sus mecanismos para el blanqueo de capitales.
Adicionalmente, la aprobación permitirá cumplir con estándares exigidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y evitará sanciones que afectan la imagen del país. Principalmente, impedirá el ingreso de Guatemala a la “lista gris”, con repercusiones en el costo del dinero, y endurecería el traslado de remesas. Incluso, los créditos financieros, empleos y precios de productos se verían afectados en caso los congresistas no aprueben dicho proyecto.
En contraposición, el Estado fortalecerá la relación con el mundo, que espera de sus aliados verificaciones más drásticas y decisivas para frenar la expansión de capitales cuyo origen
deviene de actividades que implican la trata de personas o tráfico de drogas, por citar ejemplos. Además, Guatemala precisa enviar señales claras para generar confianza en la atracción de capitales, así como reglas concretas, transparencia e independencia estatal y empresarial de las mafias.
Otro aspecto a considerar es el hecho de que un sistema financiero confiable no solo atrae inversiones, sino también protege al ciudadano común de distorsiones que terminan golpeando su bolsillo. Desde hace varias semanas, el país enfrenta una decisión estratégica para resguardar la estabilidad económica, fortalecer la institucionalidad y enviar señales tangibles de la seriedad con que se asumen estos retos. En tiempos donde el multilateralismo vale tanto como los recursos, aprobar la ley contra el lavado de dinero resulta indispensable, oportuno y urgente.
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