Alejandro Balsells Conde
El artículo 97 constitucional dice: “El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua se realicen racionalmente, evitando su depredación”.
En este orden de ideas, de acuerdo con la Ley del Organismo Ejecutivo, corresponde al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) cumplir y hacer cumplir el régimen de conservación, protección, sostenibilidad y mejoramiento del ambiente. Para lograrlo deberá ejercer las funciones normativas, de control y supervisión del ambiente y recursos naturales.
Es una tragedia el penoso fallo de la Corte de Constitucionalidad en materia de tratamiento de desechos sólidos en el cual señaló que cada municipalidad, 340 en total, deben normarse y que el MARN carece de competencia para ordenar y unificar criterios.
Eliminar la rectoría en materia ambiental del MARN es condenar al desorden ambiental.
Eliminar, de un plumazo, la rectoría en materia ambiental del MARN y además anular así una decisión legislativa y reglamentaria de hace varios años es condenar al desorden ambiental, sin haber ponderado la tragedia a la cual nos condenan a todos, y sin duda, para buscar en un ambiente político especial congraciarse con algunos agentes de poder.
La rectoría del MARN para desarrollar la normativa ambiental en el país no debe discutirse y deberán retomarse estos álgidos temas, cuando existen poderosos grupos opuestos al debate y discusión de la Ley de Aguas, siendo esta última una orden constitucional insatisfecha por 40 años.
Debemos superar nuestras diferencias y establecer como objetivo fundamental la protección del ambiente si es que defendemos la vida, en caso contrario, solo seguiremos negándola. Amatitlán y el Motagua nos lo recuerdan.
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