La Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) por presuntas adopciones ilegales, en seguimiento a un comunicado emitido esta semana por expertos independientes del sistema de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).
Durante La Ronda, el espacio de acercamiento del Organismo Ejecutivo con la población y la prensa, el procurador Julio Saavedra explicó que la PGN activó los mecanismos jurídicos para garantizar una investigación independiente, objetiva y apegada al debido proceso.
Además, solicitó que la PDH sea admitida como querellante adhesivo para coadyuvar en el proceso, aportando elementos que contribuyan al esclarecimiento de los hechos y al fortalecimiento de la investigación dentro del marco legal.
Saavedra reafirmó el compromiso del Estado guatemalteco con la protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
"Proteger a la niñez es actuar, no callar. Hoy comparezco ante ustedes para explicar con claridad una decisión que responde al cumplimiento estricto de la ley y al compromiso permanente del Estado con la justicia y la protección integral de la niñez y la adolescencia del país".
El funcionario destacó que el comunicado de los expertos de la ONU representa un llamado de atención internacional ante señalamientos de graves vulneraciones a los derechos de la infancia en Guatemala.
Tanto el derecho internacional como el ordenamiento jurídico interno coinciden en la necesidad de esclarecer los hechos mediante acciones institucionales objetivas y conforme a la ley.
El comunicado enfatiza la importancia de investigar las alegaciones a través de mecanismos estatales competentes, con el objetivo de garantizar la certeza jurídica, la protección efectiva de derechos y el respeto al debido proceso.
En este contexto, Saavedra subrayó que la actuación de la PGN se fundamenta en la legislación nacional, específicamente en los artículos 55 y 108 de la Ley de Protección de la Niñez y la Adolescencia, que obligan a denunciar cualquier hecho que pueda vulnerar los derechos de niños, niñas y adolescentes.
El Estado, a través de sus instituciones, debe asegurar que la verdad se establezca por las vías legales previstas, concluyó el procurador.
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