Veinticuatro días después de la vigencia del Estado de sitio, el Gobierno puede sentirse satisfecho de los resultados. En términos generales, le permitió retomar el control del Sistema Penitenciario (SP), rescatar barrios y colonias invadidas desde años atrás por grupos terroristas e implementar operativos conjuntos de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército, cuyos alcances han dejado capturas, desarme y decomisos, entre otros logros. Consecuencia de estas intervenciones estratégicas, con impacto en la organización y operatividad de las mafias, los índices de criminalidad vienen a la baja. Del 19 de enero pasado (cuando se inicia la medida extraordinaria y temporal) al 9 de febrero, las muertes violentas registran descensos equivalentes al 50%, al comparar con similar período de 2025. Además, los casos y tentativas de extorsión se han reducido 32%, siempre en el mismo lapso. Sin embargo, hay un hecho de mayor trascendencia en el marco del Estado de sitio, aunque suele pasar inadvertido: el Ejecutivo ha velado por el pleno respeto de los derechos y garantías individuales y colectivas. En estas semanas, solo las pandillas, las bandas de narcotráfico y la delincuencia común y organizada han sentido el peso de la ley, mientras la ciudadanía trabaja, estudia, hace deportes, se distrae o convive familiarmente sin que la situación imperante entorpezca su rutina, incluso en actividades grupales.
Los antecedentes de estados de sitio anteriores despertaban en los guatemaltecos, con justa razón, temores y avivaban preocupaciones, sobre todo porque esa disposición había hecho florecer el carácter dictatorial de las autoridades de turno. Ahora, por el contrario, esta disposición constitucional ha revalidado la personalidad y naturaleza democrática, respetuosa y firme del presidente Bernardo Arévalo, la vicemandataria Karin Herrera y del Gabinete de Gobierno. El mensaje es claro: la coyuntura excepcional que se vive en el país, y termina la otra semana, va contra las organizaciones terroristas y actores político-criminales golpistas, pero en defensa absoluta de una mayoría de compatriotas dispuesta a contribuir en el desarrollo integral e inclusivo de Guatemala.
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