La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala expresó este lunes su preocupación por los riesgos que representa una decisión judicial que excluye a profesionales de ciencias afines del proceso electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), convocado para elegir mañana 4 de febrero al magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC).
La Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo otorgó un amparo provisional que limita la participación en la votación exclusivamente a quienes cuenten con título de abogado, dejando fuera a miles de colegiados de ciencias afines que, aunque pagan cuotas y están sujetos al mismo régimen disciplinario e histórico de participación, no podrán votar.
La Misión observa que esta resolución, adoptada a pocas horas de la elección general, podría afectar la confianza en las instituciones y generar percepciones de que las normas se ajustan a conveniencia para obtener un resultado determinado.
Destaca que los procesos de designación de altas autoridades judiciales —como los magistrados de la CC— deben ser regulares, claros, estables y conocidos con anticipación, y que modificaciones de última hora mediante decisiones judiciales de urgencia ponen en riesgo la legitimidad del sistema.
Desde la perspectiva de estándares internacionales, la independencia judicial requiere procedimientos transparentes, coherentes y previsibles.
El amparo provisional, que aún puede ser impugnado ante la propia CC, genera efectos directos sobre la percepción de legitimidad de la Corte y del sistema de justicia en su conjunto.
La OEA hizo un llamado a la Corte de Constitucionalidad, al CANG y a todas las instituciones involucradas para que actúen con responsabilidad y estricta adhesión al Estado de derecho, asegurando que cualquier definición sobre la participación de colegiados de ciencias afines se base en criterios corporativos, se aplique hacia el futuro, respete derechos adquiridos y evite modificar las reglas en medio de un proceso electoral específico.
La Misión reiteró su disposición a brindar acompañamiento técnico y compartir buenas prácticas comparadas que contribuyan a clarificar el rol de los colegios profesionales y de las ciencias afines en la selección de altas autoridades judiciales, en beneficio del fortalecimiento democrático en Guatemala.
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