Enero de 2026 cerró con 51 muertes violentas menos, comparado con el mismo período del año anterior. Según datos del Ministerio de Gobernación (Mingob), el mes pasado se registraron 201 homicidios, frente a los 252 de 2025. Las cifras coinciden, en parte, con los primeros 13 días de vigencia de la referida medida, iniciada el 19 de enero pasado. Además de este resultado, la situación excepcional ha permitido 1 mil 740 capturas, 1 mil 269 de ellas en flagrancia, así como un histórico decomiso de 4.9 millones de toneladas de cocaína, el golpe más importante registrado en una misma acción, en los últimos 12 años. Sin embargo, hay otros logros cuya visibilidad suele percibirse menos, pese a su impacto social. Retomar el control del Sistema Penitenciario (SP), en especial, en las cárceles donde ocurrieron los motines, cortar las conexiones de los pandilleros con el exterior, a fin de planificar asesinatos y extorsiones, y el rescate de colonias y barrios en los que operaban las maras, son hechos indiscutibles conseguidos durante el Estado de sitio.
Estas medidas han golpeado la organización y financiamiento de los grupos terroristas, que ven con impotencia la pérdida de poder económico y criminal. Adicionalmente, el Mingob avanza en la ejecución de proyectos encaminados a consolidar su dominio en el SP, como la construcción de las cárceles de máxima seguridad y el censo de reos. Paralelo a los esfuerzos por imponer el Estado de derecho y afianzar la democracia, el Gobierno ve con preocupación los movimientos de mandos reales y fácticos, en busca de frenar o manipular los procesos eleccionarios encaminados a renovar el sistema de justicia. En este campo, el Ejecutivo tampoco se cruza de brazos; de hecho, el presidente Bernardo Arévalo reiteradamente ha llamado a la sociedad civil a unir fuerzas y cerrar filas contra quienes pretenden continuar en el ejercicio de un poder ajeno a sus facultades legales y morales. El jefe de Gobierno sabe, y lo ha expresado de manera pública, que faltan pocas semanas para recobrar la plena institucionalidad del Estado y, con él, la unificación de esfuerzos y empeños en procura del desarrollo integral e inclusivo de los connacionales.
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