La Corte Suprema de Justicia (CSJ) amplió las competencias de los juzgados y tribunales de Mayor Riesgo de la capital y Quetzaltenango para conocer delitos de terrorismo vinculados a pandillas.
La decisión, publicada ayer en el Diario de Centro América, entró en vigencia mediante el Acuerdo 06-2026. La medida responde a la entrada en vigor de la Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas Denominados Maras o Pandillas, y exige procesar sus delitos en juzgados de alto impacto.
No solo los juzgados de Mayor Riesgo A, B, C, D, los tribunales A, B, C, D, E y el de Quetzaltenango conocerán estos casos; la CSJ determinó que todas las judicaturas especializadas, como las de extorsiones, previamente aprobadas para cargos de terrorismo también se consideren de Mayor Riesgo.
Esto implica evaluar y reforzar la seguridad del personal judicial, por lo que la Dirección de Seguridad Institucional del Organismo Judicial debe realizar estudios y acciones urgentes para garantizar la integridad física de jueces, fiscales y empleados. Según David González, abogado penalista, “esto representa un giro estratégico en la política criminal guatemalteca. Al concentrar estos casos en juzgados con protección reforzada y jueces experimentados en estructuras complejas, se busca blindar el proceso judicial contra la intimidación pandillera y permitir el uso pleno de herramientas como interceptaciones e inteligencia”.
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