Cinco días después del alevoso atentado contra el destacamento militar (13 de diciembre pasado), ubicado entre los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, empiezan a surgir algunas conclusiones y a imponerse los hechos.
Por ejemplo, está confirmado que el enfrentamiento, con saldo extraoficial de 13 muertos, es ajeno al añejo conflicto limítrofe entre ambas comunidades. De hecho, se produce casi medio año después de cero agresiones, producto de una mesa de diálogo promovida por el Gobierno y gracias a la presencia de agentes del Ejército y de la Policía Nacional Civil (PNC), algunos de estos últimos tomados como rehenes el día de la acometida.
También está comprobado que el ataque contra el destacamento fue planificado y duró alrededor de 12 horas; y que el armamento utilizado es de alto calibre, lejano al que caracteriza a la delincuencia común.
Puestas estas íes, conviene referir algunas hipótesis que surgen de fuentes oficiales, como las autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob). La primera es desvincular de responsabilidades a líderes de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán.
Está visto que los comunitarios no cuentan con la capacidad financiera ni militar estratégica para un acto de tal naturaleza. Tampoco son maleantes y sí gente que vela por el bienestar colectivo. Lo más probable es que la agresión directa provino de una organización paramilitar, relacionada o reclutada por el crimen organizado, como se explica desde el Mingob.
El motivo por el cual se gestaron los atentados es igualmente predecible. Un día después de los acontecimientos, el presidente Bernardo Arévalo advirtió que se estaba frente a un intento claro para provocar la salida de las fuerzas de seguridad, con el fin de recuperar este territorio para el trasiego de ilícitos por parte de desconocidos.
Descubrir quiénes promovieron y llevaron a cabo el atentado será cuestión de días, sobre todo cuando se tienen identificados a varios de los sospechosos, aunque se requiere la concentración
total del ente investigador, al parecer, más ocupado en las elecciones de segundo grado que en cumplir con lo que le ordena la Constitución Política de la República.
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