La iniciativa 6688, ley de contrataciones públicas entregada por el Ejecutivo el pasado 25 de noviembre al Congreso, establece un procedimiento más ágil para el reinicio de las obras que queden detenidas. La jefa de la Dirección General de Adquisiciones del Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas, Xiomara Morales, explicó que el artículo 149 de la propuesta señala que las contrataciones se extinguen por diversas causas, y el inciso h) indica: “Cuando lo determine la entidad obligada por incumplimiento del contrato”.
El objetivo es que estos casos se resuelvan de forma administrativa y no lleguen a procesos judiciales que pueden paralizar la edificación por tiempo indefinido. El documento entregado al Parlamento agrega que, en este caso, la institución que compra “procederá, sin responsabilidad de su parte, a la ejecución del seguro de caución de cumplimiento y la inhabilitación en Guatecompras, sin perjuicio de la deducción de otras responsabilidades”.
El texto especifica que cuando esté pendiente de terminar el proyecto “en un porcentaje igual o mayor al 50%, la entidad obligada y siempre que convenga a los intereses del Estado, podrá readjudicar y contratar con el oferente subsiguiente calificado en orden de prelación, según el informe de evaluación por el precio que ofertó”. Morales detalló que la innovación en esta norma es que debe hacerse una liquidación de la parte realizada y hay figuras administrativas que resuelvan este conflicto para permitir hacer la contratación de lo que quede pendiente. Detalló que la nueva ley está concebida para dar el marco general y serán los reglamentos, manuales y guías las que definan la parte procedimental.
Visión de futuro
El vicetitular del Minfín, encargado de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado, Carlos Melgar, enfatizó que “esta no es una ley para este gobierno, sino que es una apuesta a futuro” que marca pautas ágiles en las compras, pero garantiza la transparencia y eficiencia en el gasto. Resaltó que la discusión comenzó en diciembre del año pasado con la aprobación de la hoja de ruta y se construyó con aportes de las unidades ejecutoras, centros de pensamiento, proveedores, sector privado y sociedad civil. Mencionó que recibieron la asistencia técnica de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales de la OEA, del Programa de Desarrollo del Derecho Comercial del Departamento de Comercio de Estados Unidos, de agencias o direcciones de contratación pública de Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana, Paraguay y Chile, así como de especialistas que apoyaron el proceso de socialización de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y el Open Contracting Partnership.
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