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EDITORIAL

Gobierno pone en marcha una deliberada estrategia contra la corrupción

Editorial

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Desde ayer, la decencia en el Organismo Ejecutivo se convirtió en política de Estado. La Estrategia de Integridad y Prevención de la Corrupción (ESIP) 2025-2032 firmada por el presidente Bernardo Arévalo es el compromiso público asumido por el Gobierno, el cual advierte que la ética no es negociable y tampoco los principios de transparencia y rendición de cuentas implementados hasta ahora. El convenio, que regirá el actuar de 67 instituciones del Organismo Ejecutivo, tiene carácter vinculante y se muestra como la respuesta al movimiento social iniciado en abril de 2015, el cual concluyó con la renuncia forzada de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, señalados de saquear el erario. La estrategia también es la continuidad de la resistencia gubernamental a ceder a las mafias y a los negocios turbios que han convertido a políticos, exfuncionarios e inversionistas inescrupulosos en millonarios. De igual manera, es la negativa a seguir prostituyendo el servicio público y a ofrecer una imagen internacional que no refleja la decencia de un pueblo que lucha por un futuro más próspero y digno.


Lo vivido ayer fue algo trascendental. Un día que debe marcar un punto de inflexión, de cambio en la función pública. Es el avance hacia la nación que la sociedad ha decidido ser y construir, como bien lo expresó el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, uno de los artesanos de este instrumento que trasciende la retórica y se sustenta en el ejemplo. Esta misión por hacer las cosas como se debe conlleva detener prácticas que han debilitado las instituciones y erosionado la confianza ciudadana. Acciones que hicieron de los procesos administrativos de concesión de programas y obras espacios donde primó la discrecionalidad y el abuso. Este día, Guatemala amanece con espíritu renovado y optimista, tras un mandato claro y preciso que impone la honradez, honestidad y el recato, que no deja fuera a ninguna institución del Ejecutivo. Una estrategia que los funcionarios no podrán ignorar y en la que tampoco les será permitido retroceder.


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