Diputados oficialistas presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público (MP) en contra el juez Fredy Orellana, por los delitos de abuso de autoridad, sedición y desobediencia.
La acción legal busca sentar un precedente, expuso el legislador Raúl Barrera, quien consideró que la orden dada por Orellana a la Dirección General del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para declarar la nulidad absoluta de la inscripción del Movimiento Semilla, instiga al rompimiento del orden constitucional.
Barrera recordó que hay una sentencia de amparo de la Corte de Constitucionalidad, que garantiza la transmisión de mando y la adjudicación definitiva de los cargos electorales de 2023.
“Al atreverse el juez a insinuar el desconocimiento de los efectos de esta sentencia está materializándose el delito de desobediencia, por lo cual concurren las causales no solo para destituirlo, sino para enjuiciarlo por la comisión de los delitos que ya hemos mencionado”, puntualizó el parlamentario.
Al respecto, la presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Patricia Gámez, indicó que la función judicial está sujeta a evaluación cuando hay una razón justificada y se puede iniciar un procedimiento para verificar si los señalamientos que se hacen contra del desempeño de un juez son razonables o no.
“Si da lugar o a un traslado motivado o, en este caso, a la destitución, tendría que pasar por un proceso de evaluación, el Consejo de la Carrera Judicial es quien evalúa, y la solicitud de destitución puede ser presentada por un ciudadano o grupo de ciudadanos que se sientan perjudicados por las acciones de un juez”, explicó Gámez.
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