Saulo De León Durán
Superintendente de Bancos
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La Iniciativa de Ley 6593, que propone la aprobación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, representa una actualización normativa fundamental en materia de prevención y represión de estos ilícitos. Su contenido responde a la necesidad de contar con un marco jurídico moderno, actualizado y alineado conforme los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Este esfuerzo legislativo pretende establecer disposiciones claras, técnicas y armonizadas que permitan abordar de forma efectiva los riesgos asociados al uso indebido del sistema financiero y del sector real considerado vulnerable a ser utilizado por el crimen organizado para la comisión de los referidos ilícitos. La iniciativa propone fortalecer el cumplimiento normativo, facilitar la supervisión basada en riesgos y asegurar el intercambio de información entre autoridades competentes.
La evaluación mutua a la que será sometido nuestro país por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en 2027 constituye un proceso riguroso que examina el nivel de cumplimiento técnico y de efectividad de las recomendaciones. En este contexto, cerrar las brechas legales y operativas identificadas se vuelve prioritario para evitar que Guatemala sea incluida en listas restrictivas como la denominada “lista gris”.
Combatir y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo es un esfuerzo de país.
Un resultado desfavorable podría generar efectos negativos en distintos niveles. Desde la perspectiva financiera, impactaría en el acceso al crédito internacional, elevaría los costos de financiamiento y reduciría la competitividad. En el ámbito económico, obstaculizaría las relaciones comerciales y limitaría oportunidades de integración con otros mercados. Además, a nivel reputacional, podría deteriorarse la percepción de Guatemala como un socio confiable, afectando las inversiones y la cooperación internacional, y a nivel social provocaría que los índices criminales se incrementen y que el Estado se vea en la necesidad de invertir recursos adicionales para combatir el crimen organizado.
Guatemala se encuentra en una etapa cercana a obtener una calificación de riesgo con grado de inversión. Para alcanzarla y sostenerla se requiere contar con una legislación que respalde la transparencia, facilite la inclusión financiera y brinde certeza a actores económicos y financieros, tanto locales como internacionales. Esta iniciativa presenta un enfoque técnico, con principios de proporcionalidad y medidas acordes al riesgo, lo que contribuye a preservar la integridad del sistema financiero y habilita mecanismos para incorporar sectores que aún se mantienen fuera de los servicios financieros formales.
El compromiso frente a los desafíos globales en materia de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo no es exclusivo de una sola institución, involucra a diversas instituciones del sector público y privado, a organismos internacionales y a la ciudadanía en general. Contar con un marco legal robusto es parte de una estrategia conjunta orientada a fortalecer la institucionalidad, proteger la economía nacional y generar condiciones para un desarrollo sostenible.
La Iniciativa de Ley 6593 constituye una propuesta jurídica alineada con las exigencias del entorno actual. Su aprobación representará un paso firme hacia el fortalecimiento del compromiso del país con la estabilidad, la cooperación internacional y la seguridad del sistema financiero. Esto es un esfuerzo de país y el momento para actuar es ahora.
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