Alejandro Balsells Conde
La Constitución generó un marco garantista para la autonomía universitaria y le estableció, de manera obligatoria, una asignación privativa no menor del 5 por ciento del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado.
El constituyente concibió por medio de la disposición constitucional una forma de establecer lineamientos claros para que la Universidad de San Carlos cumpliera su función como lo es dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del Estado y la educación profesional universitaria estatal, así como la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones.
En la universidad, por años ya, viene creciendo una política clientelar espantosa, relegando el nivel académico, por ejemplo, no se hacen concursos de oposición para catedráticos y el club de amigos de los decanos son quienes imparten clases y así tienen acceso a la docencia mejor pagada en la historia.
En la universidad, por años ya, viene creciendo una política clientelar espantosa, relegando el nivel académico.
El actual Consejo Superior Universitario está “integrado” por personas que cumplieron su período y como “máxima autoridad” se permiten decidir cualquier cosa. A pesar de que a la USAC se le reconoce el derecho de presentar iniciativas de ley, su Ley Orgánica es el Decreto 325 promulgado en 1947 por Juan José Arévalo, es evidente cómo a sus autoridades poco les importa acoplar su norma toral a los mandatos constitucionales.
El actual rector de la USAC tomó posesión luego de perpetrar el más escandaloso fraude electoral en 349 años de historia y también la universidad pretende erigirse como la fiscal de las elecciones de los Colegios Profesionales, lo cual no solo es ilegal, sino también delictivo.
En la crisis de la Universidad de San Carlos, los grandes perdedores son los propios estudiantes por los condicionamientos a su nivel académico y el futuro profesional sin embargo, la solución debe venir de sus propios egresados, profesores y estudiantes ojalá asuman su compromiso.
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